La madrugada del 4 de mayo de 2006 más de 2 mil 500 policías federales y del Estado de México entraron a San Salvador Atenco para reprimir a una población cuyo pecado había sido defender su tierra del despojo que pretendía llevar a cabo el Gobierno federal de Vicente Fox Quesada, quien tenía el propósito de construir ahí el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La tenaz resistencia de los pobladores de Atenco molestó e irritó a los gobernantes de entonces y a los inversionistas que esperaban concretar un jugoso negocio con la construcción del nuevo aeropuerto capitalino.

Parecía que esperaban una oportunidad para violentar a la población en resistencia. Por eso la represión del 4 de mayo fue en realidad de una venganza de Estado. Nunca perdonaron a los comuneros de Atenco que, con machete en mano, defendieran exitosamente su tierra.

Utilizaron como pretexto un conflicto local. El 2 de mayo, el ayuntamiento de Texcoco impidió a ocho vendedores de flores instalarte en el mercado municipal. Los vendedores pidieron la ayuda de sus vecinos de Atenco, organizados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). La policía de Texcoco respondió reprimiendo a los floristas y a integrantes del FPDT. Éstos se refugiaron en un local del centro de Texcoco, donde permanecieron sitiados durante nueve horas sin que se atendiera la petición de diálogo con las autoridades municipales. En respuesta a este sitio, vecinos de varios pueblos bloquearon la carretera Lechería-Texcoco; el bloqueo fue reprimido por la policía del gobierno del Estado de México gobernado por Enrique Peña Nieto.

La filmación por las cámaras de TV Azteca de la represión de la policía estatal y la reacción de algunos pobladores que detuvieron y golpearon a uniformados que los desalojaban, se convirtió en el pretexto mediático para autorizar una de las represiones más brutales en lo que va del siglo XXI. El coro mediático que demandaba represión encontró oídos atentos en la clase política, que sin importar ideologías acordó la violenta irrupción en Atenco: el gobierno federal del PAN de Vicente Fox, el gobierno estatal del PRI de Enrique Peña Nieto y el gobierno municipal del PRD de Texcoco.

El 4 de mayo de hace 18 años, miles de policías entraron al pueblo y a las casas de los pobladores sin orden alguna, golpeando indiscriminadamente a todos los que encontraban a su paso. La represión se saldó con dos muertos (Alexis Benhumea y Javier Cortés), decenas de heridos y 207 detenidos, entre ellos el dirigente del FPDT, Ignacio del Valle. Otra muestra de la venganza de Estado contra los pobladores de Atenco fue la detención de estos dirigentes y las duras penas de cárcel que se les impuso. A Ignacio del Valle, se le condenó a 112 años de prisión en tanto que a Felipe Álvarez y Héctor Galindo, fueron condenados a 67 años y 6 meses. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación exoneró y liberó a los dirigentes de Atenco en 2010.

Además durante las detenciones, 27 mujeres fueron violadas y vejadas sexualmente por los policías. Once de las 27 mujeres vejadas en la represión en Atenco hace 18 años, han continuado una digna y valiente denuncia legal en contra del Estado mexicano por estos hechos. En 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una histórica sentencia en la que declaró responsable al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y ordenó una serie de medidas de reparación. No obstante, hasta hoy la sentencia permanece incumplida, recordó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en un comunicado divulgado el viernes 3 de mayo pasado.

En ese comunicado, las mujeres vejadas en Atenco, también demandan justicia: “En este memorial de los hechos, reiteramos la exigencia de las mujeres sobrevivientes a que el Estado mexicano salde la deuda que ya tres administraciones federales han venido arrastrando, y que las autoridades se aseguren de que todos los responsables, incluyendo la cadena de mando involucrada en la planificación e implementación del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006, sean debidamente juzgados y sancionados” (https://ymlp.com/zFZcj5).

En octubre de 2006 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación donde señaló que las autoridades incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos, como al derecho a la vida, violaciones sexuales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incomunicación, lesiones, detención arbitraria, allanamiento de morada, retenciones ilegales, violaciones a los principios de legalidad y seguridad jurídica.

A pesar de la gravedad de los hechos, los principales responsables políticos de esa brutal represión, siguen sin ser juzgados. El panista Vicente Fox sigue escribiendo tonterías en sus redes sociales; el priista Enrique Peña Nieto goza la fortuna que amasó como Presidente y los mandos policiacos que ordenaron el operativo, no han sido juzgados.

Debido a ello, el pasado viernes 3 de mayo, al conmemorar los 18 años de la represión de los gobiernos del PAN-PRI-PRD, el dirigente de la comunidad, Ignacio del Valle, pidió llevar a juicio al expresidente Enrique Peña Nieto: “En 18 años no se olvida la represión de nuestra gente y no perdonamos. Queremos justicia y seguimos en pie de lucha, la justicia no es algo que estemos esperando, la tenemos que seguir exigiendo y la tenemos que lograr porque no es un tema muy sencillo cuando agreden y pisotean los derechos de un pueblo no nos dejan otro camino más que organizarnos y pedir por derecho legítimo nos corresponde. Pedimos castigo a Enrique Peña Nieto y sus seguidores y que estén tras las rejas porque aún la justicia no llega”, dijo.

Curiosamente, 18 años después de la represión en contra de la población de Atenco, ahora los partidos políticos (PAN-PRI-PRD) que encabezan los gobiernos que participaron en la violenta irrupción en contra de esta comunidad, van aliados a la presidencia de la república de la mano de la candidata Xóchitl Gálvez Ruiz. Desde hace años la vena autoritaria y antipopular ya los unía, como lo demuestra la represión contra la población de San Salvador Atenco en 2006.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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